A continuación, ponemos a disposición de los interesados, el primer informe de la comisión accidental que sobre seguridad y convivencia, creó el Concejo de Pereira. Una de las principales conclusion es que la comisión debe continuar trabajando.
Pereira, noviembre de 2008
Señores
HONORABLE CONCEJO DE PEREIRA
Sesión Plenaria
MUNICIPIO DE PEREIRA
Ciudad
Referencia: Informe final Comisión Accidental Seguridad y Convivencia.
Señor Presidente y Honorables Concejales:
Por medio de una proposición aprobada el 10 de octubre de 2008, la mesa directiva del Concejo de Pereira constituye una comisión accidental para analizar las condiciones de seguridad y convivencia de la ciudad y presentar informe a la plenaria.
La comisión accidental queda integrada por los concejales Fernando Arias Cardona, Álvaro Escobar González, Milton Rene Chávez Molina, Juan Pablo Gallo Maya y Alonso Molina Corrales. Este último es designado como coordinador de la misma.
Instalación, objetivos y metodología
El 17 de octubre de 2008 se instala la comisión accidental, señalando como objetivos iniciales de su quehacer:
1) La identificación de los actores de la violencia en la ciudad.
2) Identificar problemas que generan inseguridad en Pereira.
3) Contribuir a la elaboración de una política de convivencia ciudadana en Pereira.
4) Generar mecanismos de reacción contra hechos que atentan contra la seguridad pública.
5) Avanzar sobre los conceptos de indicadores de seguridad y percepción de seguridad.
Se resalta la responsabilidad que se debe tener en el manejo del tema, por cuanto son muchas las variables involucradas en la problemática y puede ser grande la afectación si se deja en el ambiente que Pereira es una ciudad insegura.
El coordinador de la comisión informa sobre la solicitud de información sobre indicadores de seguridad elevada ante las diferentes dependencias que tienen que ver con el tema.
Se conviene invitar en primera instancia a expertos sobre el tema de seguridad, que desde una óptica académica o de la experiencia, doten a la comisión accidental de un marco de referencia para analizar cifras y dialogar con las autoridades competentes. Se propone invitar a Eisenhower D´janón Zapata, presidente del Colegio de Jueces de Paz de Risaralda; Guillermo Aníbal Gartner, director del Observatorio del Delito de la Universidad Tecnológica de Pereira; Julio César Gómez Salazar, ex asesor de seguridad del Municipio de Pereira, y Patricia Zapata, directora del Centro de Referencias del Instituto de Medicina Legal.
Posteriormente, se invitarán el Secretario de Gobierno, el Comandante de la Policía en Risaralda, el director del Instituto de Medicina Legal, el Director del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y el presidente del Consejo Seccional de la Judicatura, con el objeto de dialogar sobre los indicadores.
Por medio de una comunicación de la misma fecha, la comisión accidental solicita al Presidente del Concejo de Pereira, conceder de una vez, una prorroga de quince días más para la presentación del informe final, ya que la profundidad del trabajo así lo amerita.
Desarrollo del trabajo
1) El jueves 23 de octubre de 2008, se reúne la comisión accidental de seguridad y convivencia, para dialogar con el invitado especial, el abogado Eisenhower D´janon Zapata, presidente del Colegio de Jueces de Paz de Risaralda.
El abogado hizo una descripción de la situación de seguridad en el Área Metropolitana y explicó uno a uno los fenómenos que conforman el panorama de la criminalidad en la región, sus causas y maneras de enfrentalas.
La existencia de pandillas, el control de los negocios relacionados con la prostitución, el cobro de deudas y el tráfico de drogas, causa un incremento de los homicidios y el desplazamiento interno de población, especialmente joven, advierte D´janon.
Según el profesional, hay dificultades para enfrentar la violencia, por el reducido pie de fuerza de la policía, el bajo número de condenas a personas judicializadas y las demoras para la expedición de órdenes de captura y otras autorizaciones por parte de la fiscalía y los jueces. A todo lo anterior, se suma el cambio de personal policial, por riesgos de corrupción.
De acuerdo a lo expresado por el presidente del Colegio de Jueces del Paz de Risaralda,, el deterioro del entorno familiar y la incapacidad de los colegios para orientar a los jóvenes, incide en gran manera en la problemática.
Para D´janon, las zonas de mayor violencia en Pereira son la comuna Centro, Cuba y Villasantana, en su orden.
Lamenta que sean los jóvenes los protagonistas y las víctimas del flagelo de la violencia, pues son menores los que cargan y distribuyen la droga y son muchachos los que las consumen en los alter party y en las discotecas
Aboga por una política de seguridad, con contenido social y una propuesta educativa en valores, al tiempo que dote a las autoridades de las herramientas necesarias para actuar en forma oportuna y eficaz.
Se concluye que muchas de las variables que impactan el tema de seguridad y convivencia no tienen posibilidad de ser intervenidas por parte de las autoridades locales y que además el tema se debe abordar desde una dimensión metropolitana.
2) El jueves 30 de octubre de 2008, se realiza la tercera reunión de la comisión accidental sobre seguridad y convivencia, con la participación del doctor Guillermo Aníbal Gartner Tobón, coordinador del Grupo de Investigación Conflicto Social y Prevención de la Violencia y la Criminalidad de la Universidad Tecnológica de Pereira, conocido coloquialmente como el Observatorio del Delito.
Según el académico, la aproximación a la problemática desde lo estadístico ha avanzado en forma significativa, pero por razones estructurales se queda en información “bruta” – cifras frías, sin ningún análisis -, que no se articula con fases tan importantes como la judicialización de las conductas.
Señala que no hay uniformidad en las cifras que se le dan a la opinión y propone generar una cultura para la lectura de los hechos criminales, que incluya a todos los estamentos y en particular a los medios de comunicación. Agrega que las denuncias en relación con derechos humanos se quedan en noticias.
Para Gartner, es un error señalar a personas de fuera de Pereira como los responsables de los hechos violentos, así como es equivocado atribuirle a la Policía Nacional los problemas que existan en la ciudad en materia de inseguridad, pues estamos ante un fenómeno integral.
Luego de resaltar la existencia de iniciativas provenientes de la sociedad civil para trabajar con comunidades afectadas por el tema de la violencia de todo tipo, el profesor lamenta la poca acogida de una propuesta integral de seguridad formulada por su colectivo y que según él, no tuvo recepción por parte de la administración municipal, por no incluir a la Policía Nacional, y no fue apalancada en la debida forma por el gobierno departamental de Risaralda.
Criticó los anteriores programas adelantados por las administraciones municipales de Pereira. Calificó de farsa el plan desarme y señaló que los planes de seguridad son fusilados y no resisten análisis académico.
Al referirse a los temas policiales, Guillermo Aníbal Gartner apunta que el problema de la seguridad no se enfrenta con más fuerza pública, sino con mejor fuerza pública, articulada con la ciudadanía. “Una real compenetración entre la policía y la comunidad”, enfatiza.
En cuanto a la forma de entender y analizar la criminalidad, dice que es necesario relacionar los delitos con los posibles móviles, con la historia de las víctimas y de los victimarios y con las circunstancias de atenuación y agravación punitiva. “Es necesario filtrar la información, para entender la dinámica criminal, que es una de las urgencias”, comenta el profesor universitario.
Argumenta que parte del problema de la criminalidad es la incapacidad que tenemos como individuos para autorregularnos y la incapacidad para admitir el juego limpio como la forma de tramitar los intereses individuales. “Por eso es necesario tener un conocimiento integral de la realidad social”, anota.
Como actividades propias de una instancia que entregue insumos para la formulación de política pública criminal, Gartner señala las siguientes:
-Medir la incidencia de las conductas en los homicidios, estableciendo en qué porcentajes esos hechos punibles provienen de la violencia intrafamiliar, el conflicto armado, enfrentamiento entre pandillas y el hampa organizada.
- Incorporar al análisis del fenómeno criminal categorías tales como: a) Factores Causales, b) Factores desencadenantes, c) Contexto de la acción criminal, d) Circunstancias acompañantes y e) Fenómenos sociales como la anomia, la pobreza y la exclusión.
Precisa que el problema del narcotráfico es un fenómeno sistémico, que siempre deberá ser tenido en cuenta y que lleva además a abordar la realidad con la conciencia de que también el crimen se ha globalizado.
En relación con el tema de la georeferenciaciòn de la información, propone enriquecer el ejercicio con la incorporación al análisis de la historia de la zona afectada, la historia de los conflictos allí presentes, el balance sobre la presencia de la administración pública en el territorio, el inventario de los mecanismos de control social, buenas bases de datos y entrevistas.
Señala que hay factores históricos y culturales que deben ser tenidos en cuenta al abordar la problemática de la criminalidad. “Pereira es una ciudad marcada por la economía ilegal y la ilegalidad de la economía. También es un campo del conflicto armado que vive el país y una urbe donde la venganza y la corrupción son fenómenos culturales presentes”, manifiesta.
Propone avanzar hacia la construcción de un concepto de seguridad humana, seguridad como derecho fundamental para la realización de los otros derechos sociales, económicos, de la propiedad y del desarrollo humano.
Agrega que una política pública de seguridad tiene que comprender una base política comprometida alrededor de pactos ciudadanos.
Admite que no se puede hablar de deterioro reciente del tema de la seguridad, pues siempre ha sido una problemática estructural de Pereira y también dice que se debe tener en cuenta que la acción de las autoridades puede generar la sensación del incremento de la criminalidad, por la visibilización de las conductas punibles.
Aporta a la discusión, el documento “Plan Integral de Seguridad Ciudadana para el Municipio de Pereira – Año 2008. Recomendaciones en Política de Seguridad”, que debe obrar como una propuesta elevada a la corporación edilicia y se pone a la orden para seguir trabajando en éste tema.
3) El jueves 6 de noviembre de 2008, se efectúa una nueva reunión de la Comisión Accidental de Seguridad y Convivencia del Concejo de Pereira. El invitado es el doctor Julio César Gómez Salazar, ex asesor de seguridad de la administración de la capital de Risaralda.
Para el profesional, Pereira es insegura desde hace más de diez años. “Aunque en 2007 la tasa de homicidios bajó a 43 por cada 100 mil habitantes, siempre ha estado por encima de los 90 por cada 100 mil habitantes”, explica.
Anota que antes el tema de la seguridad era un tema atribuido por todos a la policía nacional, pero eso cambió con el fortalecimiento de los municipios, como agentes más importantes para la realización de los fines del Estado Social de Derecho.
“Durante la administración de la alcaldesa Martha Elena Bedoya Rendón, se hizo una caracterización de las conductas criminales y se incorporaron indicadores de violencia”, comenta Gómez Salazar.
Para 2002, se formula un Plan Maestro de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Pereira, que incluso contempla un mapa de riesgo donde la bocatoma que surte el acueducto de la urbe aparece como uno de los puntos más vulnerables, ante cualquier intento terrorista.
El análisis de los indicadores contribuye a establecer que hay varios tipos de violencia, que inciden en porcentajes diferentes en las cifras de homicidios en Pereira:
Tipo de violencia % homicidios
Incidental (Intolerancia) 15%
Social (Entropías sociales) 20%
Crimen organizado (bandas) 50%
Conflicto armado 6%
Otros 9%
Advierte que los muertos no se generan por la borrachera, pues así lo demuestran los indicadores luego de la adopción de medidas como la reducción de los horarios de atención en los establecimientos públicos. “Cuando los horarios son ampliados los muertos son menos y viceversa. La hora zanahoria tiene no ha significado menos decesos violentos, por el contrario, las cifras se disparan”, enfatiza.
Aporta lo siguientes datos:
-El mayor número de muertos violentos se presenta entre las 11 de la mañana y las seis de la tarde.
-El 88% de los muertos fueron ultimados con arma de fuego y en la vía pública.
-El 60% de los muertos tenían antecedentes criminales.
-Los delitos se concentran en tres sitios: Cuba, Centro (Plaza de Bolívar, parque La Libertad y Parque del Lago Uribe), y el tramo urbano del río Otún. Villasantana no es un gran epicentro del crimen, pero existe esa percepción equivocada, por el fenómeno de la topofobia.
-Se detectan 150 expendios de droga (hoyas) en Pereira y Cuba.
-En la antigua galería se negociaba entre 12 y 15 millones de pesos en droga al menudeo.
-Más de la mitad de los muertos por los conflictos del crimen organizado, estaban armados.
-El 90% de las muertes violentas en Colombia, ocurren en las ciudades.
-Cordillera como marca, surge de la desmovilización del Bloque Central Bolívar.
-El 97% de los delitos se quedan en la impunidad.
Lo anterior, según Gómez Salazar, lleva a las autoridades que el asesoró a las siguientes conclusiones:
-Al crimen organizado hay que enfrentarlo con todas las herramientas de la ley, con la acción de la policía, de la fiscalía y los jueces; pues a ese tipo de delincuentes no les interesa resocializarse; por el contrario, quieren seguir delinquiendo. Ese fenómeno se llama “incapacidad del delincuente”.
-Para afrontar el crimen organizado, no sirve una política criminal impulsada solamente desde una alcaldía. Se requiere una política de Estado, hay que recurrir al gobierno nacional.
- La violencia incidental y social hay que afrontarla con los organismos de seguridad, pero se debe hacer énfasis en las campañas educativas contra la intolerancia y la violencia intrafamiliar y la implementación de casas de justicia y centros de conciliación en derecho y en equidad.
-Para medir el tema de la seguridad, es necesario tener buenas cifras y poder dimensionar las percepciones de la ciudadanía frente a ese fenómeno; ejemplo, caso Villasantana.
-Los problemas de aseo y mala iluminación están asociados siempre a los sectores con mayores problemas de seguridad (Teoría de la ventana rota).
-Es necesario seguir trabajando en el tema del desarme de la población civil.
Frente a este último punto, Julio César Gómez Salazar, sostiene que los civiles no están formados para la tendencia, el porte y la manipulación de armas de fuego; para luego recordar que más de la mitad de las víctimas fatales del crimen organizado estaban armadas.
Por lo anterior, insiste en la restricción del porte de armas, incorporando criterios restrictivos para la expedición de salvoconductos:
-Edad mínima de 25 años.
-No expedir salvoconductos a personas con antecedentes criminales.
-Prohibir heredar armas.
-Peritaje sobre estado mental del solicitante del salvoconducto.
-Empadronar las armas por medio del sistema IBIS, que registra el tatuaje que deja el disparo de cada arma.
Por lo tanto, invita a hacerle seguimiento del proyecto de ley que en tal sentido, sigue son hacer curso en el Congreso de la República.
4) El 10 de noviembre de 2008, como miembros de la plenaria del Concejo de Pereira, los ediles de la comisión accidental de seguridad asistieron a una sesión ordinaria del cabildo, cuyo tema era la violencia en el Área Metropolitana Centro Occidente, una propuesta de prevención humanitaria y las alertas tempranas, declaradas con motivo de una serie de homicidios acontecidos en la capital de Risaralda y municipios circunvecinos.
Como invitados asistieron los señores Carlos Armando Valencia y Hernando Aguirre de la Corporación Paez, el Secretario de Gobierno de Pereira John Diego Molina Molina, el comandante de la Policía de Risaralda coronel José Poveda Montes y el director del Cuerpo Técnico de Investigaciones doctor Jorge Mario Trejos Arias.
Corporación Paez
Los voceros de Paez presentaron un detallado informe sobre la situación de violencia en Risaralda, que a parte del elevado número de homicidios, muestra que éste departamento pasó a ser receptor de desplazados a expulsor, como consecuencia del mencionado fenómeno criminal.
Del citado informe que incorporamos como parte integral del mencionado documento, se debe destacar el siguiente párrafo: “La realidad es que en el Área Metropolitana se libra una guerra silenciosa entre desmovilizados, paramilitares, narcotraficantes, pandillas y delincuencia organizada que, quieren hacerse al monopolio de las bandas de delincuentes, oficinas de cobro y el negocio del narcotráfico. Eso explica en cierta forma el desangre que se está viviendo, ya que en el bajo mundo se está cocinando una guerra y aunque no se registran las alarmantes cifras de homicidios que se presentaron en el 2000 – ya se han dado las primera batallas: entre enero y octubre se han registrado en Pereira 335 muertes violentas, 54 más que en el mismo período del año pasado, con un preocupante aumento del 24% en lo corrido del año, según las cifras dadas a conocer por las autoridades”.
En consecuencia, la Corporación Paez, como parte del Comité Permanente de Derechos Humanos, proponen incluir dentro del plan de acción en derechos humanos, una política pública de prevención humanitaria que tenga como objetivos la protección de los derechos a la vida, la libertad y la integridad y la articulación de las autoridades y la sociedad civil para superar los efectos nocivos que generan la acción de los actores armados de diversa índole.
Señalan como estrategias de esa política, la prevención y la disuasión, la creación de un observatorio social y de derechos humanos, la promoción y el fortalecimiento de los social y comunitario, el fortalecimiento institucional y la ejecución de acciones humanitarias y programas de inversión social. Uno de los programas que se destacan es la construcción de un nuevo manual de convivencia.
Comandante Policía Risaralda
El coronel José Poveda Montes sostiene que en 2006 y 2007 se presenta un descenso nunca visto en cuanto a los homicidios y espera que esa misma situación termine por mantenerse en el presente año.
Precisa que uno de sus proyectos como comandante de la Policía Risaralda ha sido el del establecimiento de un observatorio del delito, descentralizado, en manos de otras instituciones diferentes a los organismos de seguridad, capaz de proyectar recomendaciones sobre la acción social que se debe implementar como componente fundamental en la lucha contra la delincuencia.
Destaca el buen funcionamiento del 1,2,3, el centro único de recepción de denuncias, a pesar de los problemas que ha tenido con ciudadanos que llaman para denunciar falsos hechos delictivo, evidenciando falta de cultura ciudadana.
Dice Poveda, que el próximo paso será la articulación de los 1,2,3 de Pereira, Armenia y Manizales, con las redes de apoyo del Eje Cafetero. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Defensa y de la Presidencia de la República.
Agrega que otro proyecto importante es el del emplazamiento de una fuerte de carabineros en Yarumal, con 200 agentes, 165 equinos. La Policía Nacional pondrá 3.500 millones de pesos y Risaralda y Pereira deberá aportar las 60 hectáreas que se requieren para la construcción. Advirtió que detrás de esto están las autoridades de Caldas y Quindío y por lo tanto solicita el apoyo del Concejo de Pereira.
Informa que están funcionando 14 Centros de Atención Inmediata (CAI) en el Área Metropolitanas. Hay presencia permanente de la Policía en las estaciones de Megabus, hay agentes antinarcóticos en el Aeropuerto Internacional Matecaña y vendrán 16 efectivos más dedicados al tema de infancia y adolescencia.
Todos los logros mencionados, hacen parte de las metas del plan de trabajo que tracé cuando asumí la comandancia, indica el alto oficial.
Enfatiza Poveda en que buena parte de los homicidios se presentan por violencia intrafamiliar, intolerancia y tráfico de estupefacientes. “Cuando empezamos a investigar con el CTI los homicidios que se presentan, siempre son ajustes de cuentas, que se había ido para España, mercancía perdida y una serie de situaciones que se escapan al control policial y que son del orden del control social”, explica el comandante de la Policía Risaralda.
Resalta que de acuerdo con la Dirección Nacional de Investigación Criminal, Pereira ocupa uno de los tres primeros puestos en allanamientos y en incautación de marihuana, lo que demuestra que la Policía en Risaralda está trabajando fuertemente y que los problemas existentes son inherentes al hecho de que la ciudad crece.
Aclara que cuando se investiga el homicidio de mujeres en Santa Rosa de Cabal, se evidencia que las victimas estaban vinculadas a actividades irregulares.
Subraya como, gracias a la acción policial, se han entregado 128 bienes a la Fiscalía General de la Nación para que procedan a la extinción del dominio.
Explica que es necesario trabajar en el tema de percepción de la seguridad, pues si no se mira el fenómeno en su conjunto, siempre tendremos la sensación de han aumentado los homicidios. Hay que tener en cuenta que en 2006 y 2007 hubo una disminución importante en la tasa de homicidios y por eso si se compara 2008 con el anterior aparece un incremento que es del 19%.
Doctor Jorge Mario Trejos Arias, Director del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía CTI.
El alto funcionario aclara que los datos que llevaron a la declaratorio de alerta temprana que cobijó al 80% de los municipios de Risaralda, nunca fueron confrontadas con el CTI en el Ministerio, a pesar de que eran necesarias las opiniones de ese ente en relación con algunos de los hechos violentos.
Trejos Arias informa que cada quince días se está haciendo un cruce de información con la Policía Nacional, la Sijin, el Instituto de Medicina Legal y el CTI, para globalizar, unificar y conciliar los datos y las posibles diferencias que se presenten, para luego llevarlas al Consejo de Seguridad del Departamento en el de los municipios.
Precisa que desde hace más de diez años la Fiscalía y el CTI han hablado del tema del observatorio del delito, señalando su conveniencia, pero con la claridad de que su alcance debe ir más allá del manejo de cifras, pues los números ya los manejan los organismos del ramo en forma concertada. “Debe ser un órganos consultor que analice los indicadores y proponga recomendaciones a las autoridades”, enfatiza para luego agregar que podría funcionar “…con la entrega de la información georeferenciada, con todos los datos importantes para la caracterización del hecho punible por parte del CTI, Medicina Legal y la Policía al Observatorio del delito, para que este haga la investigación de campo. Podrían participar las universidades”.
Como ejemplo narra que: “Hace algunos meses hacíamos referencia a una conducta que se estaba presentando en el Barrio Cuba, donde mostrábamos un incremento en materia de hurtos y muertes violetas. Rápidamente hicimos un
experimento, sin tener todo el personal, y nos dimos cuenta del sector y la hora donde se estaban presentando esas conductas de hurto y violentas y podrían corresponder a un problema de seguridad, pero asociado con situaciones de poca iluminación, vías sin pavimentar, CAI retirado del sector, los vehículos que repartían los productos a las diferentes tiendas, entraban en horas un poco difíciles para ser controladas por la autoridad. Es aquí donde necesitamos que nos ayuda para hacer una verdadera perfilación del crimen y podamos recomendarle a las autoridades cosas como el mejoramiento de la iluminación, la pavimentación de las vías y a la policía que corra el CAI. Etc.”.
“Lo que hace la policía es sacar más pie de fuerza, pero hay que ir más allá. Necesitamos que todos articulemos la estrategia a través del observatorio el delito, que nos puede dar a nosotros recomendaciones que serían analizadas y resueltas en los consejos de seguridad municipal y departamental, porque ellos tendrían un espacio y nos podría analizar de manera trimestral o semestral el comportamiento de los 10 delitos que más se presenten en el departamento de Risaralda, el por qué los que más se presentan y generan mayor impacto y así podemos jugar con muchas hipótesis”, comenta Trejos, quien señala como un problema a vencer, el seguimiento a las decisiones y recomendaciones que se toman al interior de los Consejos de Seguridad.
Informa que los 10 delitos más investigados por el CTI en Risaralda en el tercer trimestre de 2008 fueron el homicidio, los estupefacientes en todas sus modalidades, el hurto calificado, la inasistencia alimentaría, las lesiones culposas, los actos abusivos y todo ese orden de delitos que comprometen la libertad individual y el pudor sexual.
Invita a que se mire la otra cada de la moneda, con el examen del número de investigaciones que se adelantan por el porte ilegal de armas, como una forma de prevenir el delito, pues nadie que vaya a cometer un homicidio carga armas amparadas por la ley.
Para Trejos las cifras son positivas: “En lo que va corrido del año, el CTI, lleva 4.200 investigaciones. Maneja un promedio para el C.T.I., de 700 casos al mes, sin contar lo que recibe la SIJIN. Durante el último trimestre, a raíz de la labor del cuerpo técnico de investigación y de los fiscales que están dirigiendo jurídicamente la investigación, se lograron un total de 246 sentencias efectiva”.
Coincide con el comandante de la Policía Risaralda, cuando afirma que la mayor parte de los homicidios son por ajustes de cuentas entre diversas organizaciones criminales y agrega que el auge de la actividad delincuencial debe asociarse también al crecimiento económico de Pereira, que la convierte en una buena plaza para los negocios, incluyendo los del bajo mundo.
Hace un llamado a abordar el tema de la criminalidad en un ámbito de carácter metropolitano y regional, con la acción conjunta y coordinada de las autoridades de los diferentes entes territoriales, para enfrentar una delincuencia que no tiene reglas, ni fronteras. “Las decisiones de política criminal se deben tomar en conjunto”, enfatiza Trejos.
En cuanto al tema de las ejecuciones extrajudiciales, el director del CTI presenta las siguientes cifras: “Las cifras oficiales que tenemos son 7 eventos, con un total de 22 personas que salieron del Depto de Risaralda y que fueron reportadas por el ejercito como muertas en combate. Esto está en investigación y que corresponde a Risaralda. Pueden ser más, pero hasta que no crucemos información y verifiquemos si el comportamiento de esos otros casos que nos dicen que hacen falta, corresponde a las características de las ejecuciones extrajudiciales, no podemos hablar sino de esta cifra. Hubo 4 casos en el barrio las Enseda del Municipio de Dosquebradas. Estos hechos ocurrieron el 18 de agosto del 2007; estos ciudadanos fueron reportados muertos en combate en zona rural en el municipio de Chinchiná. Tres ciudadanos del municipio de La Virginia, reportados muertos en combate por el ejército en Santa Rosa de Osos, Antioquia, el 11 de enero de 2008. Dos personas más del municipio de la Virginia, también reportadas dadas de baja el 11 de enero de 2008, en el municipio de Calarcá. Dos personas más del Barrio San Nicolás de Pereira, reportadas muertas en combate por el ejercito, en Monte Bello, Antioquia, el 23 de febrero del 2008. Cuatro personas del Barrio El Japón de Dosquebradas, reportadas muertas por el ejercito en zona rural de Manzanares, Caldas, el 27 de marzo del 2008 y cuatro personas más del barrio La Enseda, Dosquebradas, reportadas muertas en combate en la zona rural del municipio de Manzanares, el 16 de agosto de 2008. El perfil de las victimas, el menor es de 17 años y el mayor 35, residentes en los estratos 1 y 2, sin actividad comercial o profesión conocida. Dos de estos ciudadanos eran desmovilizados del frente de Guática, varios de ellos con antecedentes penales por diferentes delitos, y otros habían sido señalados por la comunidad como personas dedicadas al consumo y ventas de estupefacientes y hurtos”.
Para termina, el director del CTI hace una reflexión sobre la necesidad de abordar el tema de la criminalidad como un fenómeno social, que debe ser observado desde cinco escenarios: El del delito, el del criminal, el de la política criminal, el de la víctima y el del control social. “Si hacemos ese ejercicio con juicio y fijamos responsabilidades en cada uno de esos escenario, estaremos acercándonos a un proceso de seguimiento del fenómeno de la violencia y la criminalidad en Risaralda”, puntualizó Jorge Mario Trejos Arias.
6) El 11 de noviembre de 2008, la comisión accidental de seguridad y convivencia se debía reunión con los miembros del Comité Permanente para los Derechos Humanos, pero solo se hicieron presentes los miembros de Paez, con quienes se volvieron a revisar lo relacionado con su proyecto de Prevención Humanitaria.
También estuvo invitado el abogado Tomás Alfredo Londoño, asesor jurídico del Concejo de Pereira, quien en calidad de ciudadano, como abogado y docente universitario, propuso que el cabildo lidere la formulación de un nuevo código de convivencia, pues el existente es una copia del de Bogotá.
7) Las sesiones proyectadas para el 13 y el 18 de noviembre de 2008 y en las que se esperaba dialogar con el presidente del Consejo Seccional de la Judicatura y el Director Seccional de Fiscalías y el Comandante de la Policía y el Secretario de Gobierno, respectivamente, no se pudieron llevar a cabo, por que los invitados se excusaron de asistir a última hora y hubo problemas con el quórum.
8) La sesión de la Comisión Accidental de Seguridad y Convivencia del 20 de noviembre de 2008 se dedica a evaluar la información recogida; especialmente la relacionada con los planteamientos, conclusiones y recomendaciones de los expertos invitados.
El concejal Fernando Arias Cardona señala que se debe observar el incremento de los homicidios; pero dice que un aspecto grave es la impunidad, que no es un problema de la policía, sino de los jueces y de la Fiscalía y el CTI.
Aunque señala que no todos los homicidios tienen que ver con narcotráfico, reconoce que no hay presencia del conflicto armado en forma decisiva, ya que su incidencia es muy poca con relación a los porcentajes de otros actores ej. bandas según las cifras de Julio César Gómez, y si influye en los indicadores el crimen organizado, la violencia intrafamiliar, la intolerancia y el tráfico de estupefacientes.
Manifiesta que es urgente adelantar campañas pedagógicas, apostándole más a la prevención por esta vía, y fortalecer el análisis de la actividad criminal, como una de las líneas de acción que se deben implementar en materia de convivencia ciudadana.
Para el concejal Juan Pablo Gallo Maya, el tema de la criminalidad se debe abordar como un problema estructural, no coyuntural. “Históricamente Pereira ha tenido una situación de seguridad con picos que hablan de una fluctuación constante y eso es lo que muestran los indicadores si estos son los de los últimos diez años. Por eso las cifras tienen que verse en el marco de ese horizonte”, comenta, para luego concluir: “No sería responsable decir que Pereira no tiene problemas de seguridad; pero tampoco es cierto que hubo un deterioro en esa materia de una administración a otra”.
Gallo Maya considera que la presencia de los jóvenes en los hechos delincuenciales exige que la política de juventud se articule con la política criminal, que no se debe agotar en las acciones policiales y de judicialización, pues la fuerza pública debe ser seguida por los programas sociales de todas las dependencias de la administración municipal, para impactar los fenómenos que facilitan el crecimiento del hampa.
El doctor Alberto Polanco, asesor del concejal Álvaro Escobar Vallejo, manifiesta que el problema de la seguridad es metropolitano y debe ser abordado en esa dimensión, con el concurso de todas las entidades territoriales del Área.
El concejal Milton Chávez Molina concluye que no puede hablarse de deterioro de la seguridad, cuando se comprueba con las cifras que este fenómeno es fluctuante y está asociado con variables no controladas por los entes territoriales y en mayor medida con la actividad del crimen organizado. Resalta el hecho de que hay diferencias entre las cifras que manejan unas y otras instituciones.
Reconoce que la asociación entre narcotraficantes y paramilitares es algo que impacta y marca tendencias de las cuales Pereira no es ajena. Cree que la misión de la comisión accidental debe continuar.
El concejal Alonso Molina Corrales, reconoce que la tarea de la comisión accidental no se ha concluido y que por el contrario debe seguir. Resalta como conclusión, la .urgencia de consolidar un observatorio del delito.
CONCLUSIONES GENERALES Y PROPUESTAS
El trabajo de la comisión por una política pública, sostenible e integral debe continuar, pues quedan debates por realizar en compañía de diversos actores institucionales y sociales y las cifras, analizadas desde diversos contextos, no han sido examinadas aún. Se propone que esa responsabilidad quede en manos de la misma comisión accidental o de la comisión tercera, reforzada por los miembros de la que expide éste informe y con la participación de los integrantes de las demás comisiones permanentes, de manera tal que periódicamente se pueda estar haciendo un monitoreo del tema de seguridad y la convivencia y se pueda contribuir en el proceso de construcción de una política pública criminal y de cohesión social en el municipio de Pereira.
Se acepta que en la ciudad, de manera estructural e histórica y por las condiciones propias de la urbe, las cifras que marcan la inseguridad y la actividad criminal han sido altas. Muchas son las razones: por la situación propia del país, por el problema de la delincuencia organizada, por la ubicación misma de la ciudad y su auge económico (por lo menos esa es la percepción de la gente que ven en Pereira, una especie de ciudad donde hay de todo y para todos). Sin embargo, a lo largo de los años, se evidencia picos que muestran la fluctuación del comportamiento y el esfuerzo de las administraciones.
Es necesario rodear a las instituciones del Estado y a las ramas del Poder Público, pues la lucha contra la criminalidad no se le puede atribuir a una instancia en particular y la solución a la problemática, por el contrario, debe unirlas a todas para la generación de sinergias que impacten las raíces del fenómeno.
La cifras delincuenciales no siempre están ligadas a las cifras de la marginalidad social, pues la pobreza no es sinónimo de violencia y no es sano generalizar, ante todo porque se trataría de una estigmatización a los pobres inaceptable.
Se recomienda el fortalecimiento de un observatorio de los derechos humanos, la convivencia y la seguridad, con el concurso de la academia y la sociedad civil, para abordar los indicadores de seguridad desde diferentes ópticas y con el propósito de ayudar a las autoridades a la formulación y ejecución de una política contra la delincuencia.
Pedir de los organismos de seguridad el desarrollo de una estrategia de inteligencia policial, que permita anticiparse a las acciones de las organizaciones criminales y mitigue la vulneración de los derechos fundamentales y en especial, impida atentar contra los de ciudadanos inocentes e inermes.
Intervenir con programas sociales y económicos integrales, las zonas identificadas en la georeferenciaciòn como de mayor presencia criminal. Una política que permita articular la capacidad productiva de los ciudadanos y el mejoramiento del entorno para que hallan barrios y veredas limpios, iluminados, ordenados y de fácil acceso, no solo ahuyenta a la delincuencia, sino que permite la atención de las necesidades básicas insatisfechas y el alcance de las expectativas de vida de los pereiranos.
Conocer y revisar las experiencias de ciudades como Bogotá y Medellín, donde se reportan reducciones en los índices de inseguridad.
Articular en forma especial la política criminal con la política pública de juventudes, debido a que los jóvenes son una población presente en la mayoría de los hechos delincuenciales.
Solicitar a la Policía Nacional y a los demás organismos de seguridad, una acción intensa y permanente contra la tenencia y porte ilegal de armas de fuego, en forma paralela a actividades que adelante el Concejo a favor del desarme definitivo de los civiles. Las armas deben ser de uso exclusivo de la fuerza pública y un monopolio del Estado.
Se debe incluir dentro de los temas a impactar por parte de la Cultura Ciudadana, el de la seguridad y la convivencia, con el propósito de comprometer al ciudadano con prácticas de autorregulación, de estilo de vida saludable y ético y compromiso individual y colectivo a favor del estudio y el trabajo honrado, para hacer de Pereira una ciudad más amable y segura. En este punto es clave reconocer el papel que juega la familia como epicentro del Desarrollo Humano Sostenible.
Se debe expedir una normatividad que regule aspectos de la seguridad y la convivencia, dentro del marco de la Ley 136 de 1994. Un nuevo manual de convivencia, es la meta.
Reconocer el tema del narcotráfico y el de la presencia de grupos armados ilegales de toda índole, como una realidad que condiciona la situación de seguridad y convivencia de la capital de Risaralda.
El Concejo de Pereira debe pedir a lar autoridades competentes que se aclare todo lo relacionado con la desaparición de personas, el homicidio de indigentes y travestis y la vinculación de jóvenes asesinados con organizaciones insurgentes, a través de los denominados falsos positivos.
El Concejo de Pereira debe abordar el tema del desplazamiento, teniendo en cuenta que Pereira es expulsora y receptora de desplazados, con el objeto de determinar sus causas y la problemática social que representa.
Atentamente,
Los Concejales,
MILTON RENE CHÁVEZ MOLINA JUAN PABLO GALLO MAYA
FERNANDO ARIAS CARDONA ALVARO ESCOBAR VALLEJO
ALONSO MOLINA CORRALES
ANEXOS
Copia proposición de creación comisión accidental.
Notificación de secretaría general a los concejales incluidos en comisión accidental.
Copias de mensajes a invitados especiales.
Actas de las seis sesiones efectuadas por la comisión accidental.
Plan Integral de seguridad ciudadana para el Municipio de Pereira.
Propuesta de Prevención Humanitaria de Corporación Paez.
Transcripciones de las intervenciones del Comandante de la Policía Risaralda y el director del CTI, durante la sesión plenaria del 11 de noviembre de 2008.
Cifras e indicadores recogidos con las entidades que los recopilan y generan.
Total: 130 folios
Señores
HONORABLE CONCEJO DE PEREIRA
Sesión Plenaria
MUNICIPIO DE PEREIRA
Ciudad
Referencia: Informe final Comisión Accidental Seguridad y Convivencia.
Señor Presidente y Honorables Concejales:
Por medio de una proposición aprobada el 10 de octubre de 2008, la mesa directiva del Concejo de Pereira constituye una comisión accidental para analizar las condiciones de seguridad y convivencia de la ciudad y presentar informe a la plenaria.
La comisión accidental queda integrada por los concejales Fernando Arias Cardona, Álvaro Escobar González, Milton Rene Chávez Molina, Juan Pablo Gallo Maya y Alonso Molina Corrales. Este último es designado como coordinador de la misma.
Instalación, objetivos y metodología
El 17 de octubre de 2008 se instala la comisión accidental, señalando como objetivos iniciales de su quehacer:
1) La identificación de los actores de la violencia en la ciudad.
2) Identificar problemas que generan inseguridad en Pereira.
3) Contribuir a la elaboración de una política de convivencia ciudadana en Pereira.
4) Generar mecanismos de reacción contra hechos que atentan contra la seguridad pública.
5) Avanzar sobre los conceptos de indicadores de seguridad y percepción de seguridad.
Se resalta la responsabilidad que se debe tener en el manejo del tema, por cuanto son muchas las variables involucradas en la problemática y puede ser grande la afectación si se deja en el ambiente que Pereira es una ciudad insegura.
El coordinador de la comisión informa sobre la solicitud de información sobre indicadores de seguridad elevada ante las diferentes dependencias que tienen que ver con el tema.
Se conviene invitar en primera instancia a expertos sobre el tema de seguridad, que desde una óptica académica o de la experiencia, doten a la comisión accidental de un marco de referencia para analizar cifras y dialogar con las autoridades competentes. Se propone invitar a Eisenhower D´janón Zapata, presidente del Colegio de Jueces de Paz de Risaralda; Guillermo Aníbal Gartner, director del Observatorio del Delito de la Universidad Tecnológica de Pereira; Julio César Gómez Salazar, ex asesor de seguridad del Municipio de Pereira, y Patricia Zapata, directora del Centro de Referencias del Instituto de Medicina Legal.
Posteriormente, se invitarán el Secretario de Gobierno, el Comandante de la Policía en Risaralda, el director del Instituto de Medicina Legal, el Director del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y el presidente del Consejo Seccional de la Judicatura, con el objeto de dialogar sobre los indicadores.
Por medio de una comunicación de la misma fecha, la comisión accidental solicita al Presidente del Concejo de Pereira, conceder de una vez, una prorroga de quince días más para la presentación del informe final, ya que la profundidad del trabajo así lo amerita.
Desarrollo del trabajo
1) El jueves 23 de octubre de 2008, se reúne la comisión accidental de seguridad y convivencia, para dialogar con el invitado especial, el abogado Eisenhower D´janon Zapata, presidente del Colegio de Jueces de Paz de Risaralda.
El abogado hizo una descripción de la situación de seguridad en el Área Metropolitana y explicó uno a uno los fenómenos que conforman el panorama de la criminalidad en la región, sus causas y maneras de enfrentalas.
La existencia de pandillas, el control de los negocios relacionados con la prostitución, el cobro de deudas y el tráfico de drogas, causa un incremento de los homicidios y el desplazamiento interno de población, especialmente joven, advierte D´janon.
Según el profesional, hay dificultades para enfrentar la violencia, por el reducido pie de fuerza de la policía, el bajo número de condenas a personas judicializadas y las demoras para la expedición de órdenes de captura y otras autorizaciones por parte de la fiscalía y los jueces. A todo lo anterior, se suma el cambio de personal policial, por riesgos de corrupción.
De acuerdo a lo expresado por el presidente del Colegio de Jueces del Paz de Risaralda,, el deterioro del entorno familiar y la incapacidad de los colegios para orientar a los jóvenes, incide en gran manera en la problemática.
Para D´janon, las zonas de mayor violencia en Pereira son la comuna Centro, Cuba y Villasantana, en su orden.
Lamenta que sean los jóvenes los protagonistas y las víctimas del flagelo de la violencia, pues son menores los que cargan y distribuyen la droga y son muchachos los que las consumen en los alter party y en las discotecas
Aboga por una política de seguridad, con contenido social y una propuesta educativa en valores, al tiempo que dote a las autoridades de las herramientas necesarias para actuar en forma oportuna y eficaz.
Se concluye que muchas de las variables que impactan el tema de seguridad y convivencia no tienen posibilidad de ser intervenidas por parte de las autoridades locales y que además el tema se debe abordar desde una dimensión metropolitana.
2) El jueves 30 de octubre de 2008, se realiza la tercera reunión de la comisión accidental sobre seguridad y convivencia, con la participación del doctor Guillermo Aníbal Gartner Tobón, coordinador del Grupo de Investigación Conflicto Social y Prevención de la Violencia y la Criminalidad de la Universidad Tecnológica de Pereira, conocido coloquialmente como el Observatorio del Delito.
Según el académico, la aproximación a la problemática desde lo estadístico ha avanzado en forma significativa, pero por razones estructurales se queda en información “bruta” – cifras frías, sin ningún análisis -, que no se articula con fases tan importantes como la judicialización de las conductas.
Señala que no hay uniformidad en las cifras que se le dan a la opinión y propone generar una cultura para la lectura de los hechos criminales, que incluya a todos los estamentos y en particular a los medios de comunicación. Agrega que las denuncias en relación con derechos humanos se quedan en noticias.
Para Gartner, es un error señalar a personas de fuera de Pereira como los responsables de los hechos violentos, así como es equivocado atribuirle a la Policía Nacional los problemas que existan en la ciudad en materia de inseguridad, pues estamos ante un fenómeno integral.
Luego de resaltar la existencia de iniciativas provenientes de la sociedad civil para trabajar con comunidades afectadas por el tema de la violencia de todo tipo, el profesor lamenta la poca acogida de una propuesta integral de seguridad formulada por su colectivo y que según él, no tuvo recepción por parte de la administración municipal, por no incluir a la Policía Nacional, y no fue apalancada en la debida forma por el gobierno departamental de Risaralda.
Criticó los anteriores programas adelantados por las administraciones municipales de Pereira. Calificó de farsa el plan desarme y señaló que los planes de seguridad son fusilados y no resisten análisis académico.
Al referirse a los temas policiales, Guillermo Aníbal Gartner apunta que el problema de la seguridad no se enfrenta con más fuerza pública, sino con mejor fuerza pública, articulada con la ciudadanía. “Una real compenetración entre la policía y la comunidad”, enfatiza.
En cuanto a la forma de entender y analizar la criminalidad, dice que es necesario relacionar los delitos con los posibles móviles, con la historia de las víctimas y de los victimarios y con las circunstancias de atenuación y agravación punitiva. “Es necesario filtrar la información, para entender la dinámica criminal, que es una de las urgencias”, comenta el profesor universitario.
Argumenta que parte del problema de la criminalidad es la incapacidad que tenemos como individuos para autorregularnos y la incapacidad para admitir el juego limpio como la forma de tramitar los intereses individuales. “Por eso es necesario tener un conocimiento integral de la realidad social”, anota.
Como actividades propias de una instancia que entregue insumos para la formulación de política pública criminal, Gartner señala las siguientes:
-Medir la incidencia de las conductas en los homicidios, estableciendo en qué porcentajes esos hechos punibles provienen de la violencia intrafamiliar, el conflicto armado, enfrentamiento entre pandillas y el hampa organizada.
- Incorporar al análisis del fenómeno criminal categorías tales como: a) Factores Causales, b) Factores desencadenantes, c) Contexto de la acción criminal, d) Circunstancias acompañantes y e) Fenómenos sociales como la anomia, la pobreza y la exclusión.
Precisa que el problema del narcotráfico es un fenómeno sistémico, que siempre deberá ser tenido en cuenta y que lleva además a abordar la realidad con la conciencia de que también el crimen se ha globalizado.
En relación con el tema de la georeferenciaciòn de la información, propone enriquecer el ejercicio con la incorporación al análisis de la historia de la zona afectada, la historia de los conflictos allí presentes, el balance sobre la presencia de la administración pública en el territorio, el inventario de los mecanismos de control social, buenas bases de datos y entrevistas.
Señala que hay factores históricos y culturales que deben ser tenidos en cuenta al abordar la problemática de la criminalidad. “Pereira es una ciudad marcada por la economía ilegal y la ilegalidad de la economía. También es un campo del conflicto armado que vive el país y una urbe donde la venganza y la corrupción son fenómenos culturales presentes”, manifiesta.
Propone avanzar hacia la construcción de un concepto de seguridad humana, seguridad como derecho fundamental para la realización de los otros derechos sociales, económicos, de la propiedad y del desarrollo humano.
Agrega que una política pública de seguridad tiene que comprender una base política comprometida alrededor de pactos ciudadanos.
Admite que no se puede hablar de deterioro reciente del tema de la seguridad, pues siempre ha sido una problemática estructural de Pereira y también dice que se debe tener en cuenta que la acción de las autoridades puede generar la sensación del incremento de la criminalidad, por la visibilización de las conductas punibles.
Aporta a la discusión, el documento “Plan Integral de Seguridad Ciudadana para el Municipio de Pereira – Año 2008. Recomendaciones en Política de Seguridad”, que debe obrar como una propuesta elevada a la corporación edilicia y se pone a la orden para seguir trabajando en éste tema.
3) El jueves 6 de noviembre de 2008, se efectúa una nueva reunión de la Comisión Accidental de Seguridad y Convivencia del Concejo de Pereira. El invitado es el doctor Julio César Gómez Salazar, ex asesor de seguridad de la administración de la capital de Risaralda.
Para el profesional, Pereira es insegura desde hace más de diez años. “Aunque en 2007 la tasa de homicidios bajó a 43 por cada 100 mil habitantes, siempre ha estado por encima de los 90 por cada 100 mil habitantes”, explica.
Anota que antes el tema de la seguridad era un tema atribuido por todos a la policía nacional, pero eso cambió con el fortalecimiento de los municipios, como agentes más importantes para la realización de los fines del Estado Social de Derecho.
“Durante la administración de la alcaldesa Martha Elena Bedoya Rendón, se hizo una caracterización de las conductas criminales y se incorporaron indicadores de violencia”, comenta Gómez Salazar.
Para 2002, se formula un Plan Maestro de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Pereira, que incluso contempla un mapa de riesgo donde la bocatoma que surte el acueducto de la urbe aparece como uno de los puntos más vulnerables, ante cualquier intento terrorista.
El análisis de los indicadores contribuye a establecer que hay varios tipos de violencia, que inciden en porcentajes diferentes en las cifras de homicidios en Pereira:
Tipo de violencia % homicidios
Incidental (Intolerancia) 15%
Social (Entropías sociales) 20%
Crimen organizado (bandas) 50%
Conflicto armado 6%
Otros 9%
Advierte que los muertos no se generan por la borrachera, pues así lo demuestran los indicadores luego de la adopción de medidas como la reducción de los horarios de atención en los establecimientos públicos. “Cuando los horarios son ampliados los muertos son menos y viceversa. La hora zanahoria tiene no ha significado menos decesos violentos, por el contrario, las cifras se disparan”, enfatiza.
Aporta lo siguientes datos:
-El mayor número de muertos violentos se presenta entre las 11 de la mañana y las seis de la tarde.
-El 88% de los muertos fueron ultimados con arma de fuego y en la vía pública.
-El 60% de los muertos tenían antecedentes criminales.
-Los delitos se concentran en tres sitios: Cuba, Centro (Plaza de Bolívar, parque La Libertad y Parque del Lago Uribe), y el tramo urbano del río Otún. Villasantana no es un gran epicentro del crimen, pero existe esa percepción equivocada, por el fenómeno de la topofobia.
-Se detectan 150 expendios de droga (hoyas) en Pereira y Cuba.
-En la antigua galería se negociaba entre 12 y 15 millones de pesos en droga al menudeo.
-Más de la mitad de los muertos por los conflictos del crimen organizado, estaban armados.
-El 90% de las muertes violentas en Colombia, ocurren en las ciudades.
-Cordillera como marca, surge de la desmovilización del Bloque Central Bolívar.
-El 97% de los delitos se quedan en la impunidad.
Lo anterior, según Gómez Salazar, lleva a las autoridades que el asesoró a las siguientes conclusiones:
-Al crimen organizado hay que enfrentarlo con todas las herramientas de la ley, con la acción de la policía, de la fiscalía y los jueces; pues a ese tipo de delincuentes no les interesa resocializarse; por el contrario, quieren seguir delinquiendo. Ese fenómeno se llama “incapacidad del delincuente”.
-Para afrontar el crimen organizado, no sirve una política criminal impulsada solamente desde una alcaldía. Se requiere una política de Estado, hay que recurrir al gobierno nacional.
- La violencia incidental y social hay que afrontarla con los organismos de seguridad, pero se debe hacer énfasis en las campañas educativas contra la intolerancia y la violencia intrafamiliar y la implementación de casas de justicia y centros de conciliación en derecho y en equidad.
-Para medir el tema de la seguridad, es necesario tener buenas cifras y poder dimensionar las percepciones de la ciudadanía frente a ese fenómeno; ejemplo, caso Villasantana.
-Los problemas de aseo y mala iluminación están asociados siempre a los sectores con mayores problemas de seguridad (Teoría de la ventana rota).
-Es necesario seguir trabajando en el tema del desarme de la población civil.
Frente a este último punto, Julio César Gómez Salazar, sostiene que los civiles no están formados para la tendencia, el porte y la manipulación de armas de fuego; para luego recordar que más de la mitad de las víctimas fatales del crimen organizado estaban armadas.
Por lo anterior, insiste en la restricción del porte de armas, incorporando criterios restrictivos para la expedición de salvoconductos:
-Edad mínima de 25 años.
-No expedir salvoconductos a personas con antecedentes criminales.
-Prohibir heredar armas.
-Peritaje sobre estado mental del solicitante del salvoconducto.
-Empadronar las armas por medio del sistema IBIS, que registra el tatuaje que deja el disparo de cada arma.
Por lo tanto, invita a hacerle seguimiento del proyecto de ley que en tal sentido, sigue son hacer curso en el Congreso de la República.
4) El 10 de noviembre de 2008, como miembros de la plenaria del Concejo de Pereira, los ediles de la comisión accidental de seguridad asistieron a una sesión ordinaria del cabildo, cuyo tema era la violencia en el Área Metropolitana Centro Occidente, una propuesta de prevención humanitaria y las alertas tempranas, declaradas con motivo de una serie de homicidios acontecidos en la capital de Risaralda y municipios circunvecinos.
Como invitados asistieron los señores Carlos Armando Valencia y Hernando Aguirre de la Corporación Paez, el Secretario de Gobierno de Pereira John Diego Molina Molina, el comandante de la Policía de Risaralda coronel José Poveda Montes y el director del Cuerpo Técnico de Investigaciones doctor Jorge Mario Trejos Arias.
Corporación Paez
Los voceros de Paez presentaron un detallado informe sobre la situación de violencia en Risaralda, que a parte del elevado número de homicidios, muestra que éste departamento pasó a ser receptor de desplazados a expulsor, como consecuencia del mencionado fenómeno criminal.
Del citado informe que incorporamos como parte integral del mencionado documento, se debe destacar el siguiente párrafo: “La realidad es que en el Área Metropolitana se libra una guerra silenciosa entre desmovilizados, paramilitares, narcotraficantes, pandillas y delincuencia organizada que, quieren hacerse al monopolio de las bandas de delincuentes, oficinas de cobro y el negocio del narcotráfico. Eso explica en cierta forma el desangre que se está viviendo, ya que en el bajo mundo se está cocinando una guerra y aunque no se registran las alarmantes cifras de homicidios que se presentaron en el 2000 – ya se han dado las primera batallas: entre enero y octubre se han registrado en Pereira 335 muertes violentas, 54 más que en el mismo período del año pasado, con un preocupante aumento del 24% en lo corrido del año, según las cifras dadas a conocer por las autoridades”.
En consecuencia, la Corporación Paez, como parte del Comité Permanente de Derechos Humanos, proponen incluir dentro del plan de acción en derechos humanos, una política pública de prevención humanitaria que tenga como objetivos la protección de los derechos a la vida, la libertad y la integridad y la articulación de las autoridades y la sociedad civil para superar los efectos nocivos que generan la acción de los actores armados de diversa índole.
Señalan como estrategias de esa política, la prevención y la disuasión, la creación de un observatorio social y de derechos humanos, la promoción y el fortalecimiento de los social y comunitario, el fortalecimiento institucional y la ejecución de acciones humanitarias y programas de inversión social. Uno de los programas que se destacan es la construcción de un nuevo manual de convivencia.
Comandante Policía Risaralda
El coronel José Poveda Montes sostiene que en 2006 y 2007 se presenta un descenso nunca visto en cuanto a los homicidios y espera que esa misma situación termine por mantenerse en el presente año.
Precisa que uno de sus proyectos como comandante de la Policía Risaralda ha sido el del establecimiento de un observatorio del delito, descentralizado, en manos de otras instituciones diferentes a los organismos de seguridad, capaz de proyectar recomendaciones sobre la acción social que se debe implementar como componente fundamental en la lucha contra la delincuencia.
Destaca el buen funcionamiento del 1,2,3, el centro único de recepción de denuncias, a pesar de los problemas que ha tenido con ciudadanos que llaman para denunciar falsos hechos delictivo, evidenciando falta de cultura ciudadana.
Dice Poveda, que el próximo paso será la articulación de los 1,2,3 de Pereira, Armenia y Manizales, con las redes de apoyo del Eje Cafetero. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Defensa y de la Presidencia de la República.
Agrega que otro proyecto importante es el del emplazamiento de una fuerte de carabineros en Yarumal, con 200 agentes, 165 equinos. La Policía Nacional pondrá 3.500 millones de pesos y Risaralda y Pereira deberá aportar las 60 hectáreas que se requieren para la construcción. Advirtió que detrás de esto están las autoridades de Caldas y Quindío y por lo tanto solicita el apoyo del Concejo de Pereira.
Informa que están funcionando 14 Centros de Atención Inmediata (CAI) en el Área Metropolitanas. Hay presencia permanente de la Policía en las estaciones de Megabus, hay agentes antinarcóticos en el Aeropuerto Internacional Matecaña y vendrán 16 efectivos más dedicados al tema de infancia y adolescencia.
Todos los logros mencionados, hacen parte de las metas del plan de trabajo que tracé cuando asumí la comandancia, indica el alto oficial.
Enfatiza Poveda en que buena parte de los homicidios se presentan por violencia intrafamiliar, intolerancia y tráfico de estupefacientes. “Cuando empezamos a investigar con el CTI los homicidios que se presentan, siempre son ajustes de cuentas, que se había ido para España, mercancía perdida y una serie de situaciones que se escapan al control policial y que son del orden del control social”, explica el comandante de la Policía Risaralda.
Resalta que de acuerdo con la Dirección Nacional de Investigación Criminal, Pereira ocupa uno de los tres primeros puestos en allanamientos y en incautación de marihuana, lo que demuestra que la Policía en Risaralda está trabajando fuertemente y que los problemas existentes son inherentes al hecho de que la ciudad crece.
Aclara que cuando se investiga el homicidio de mujeres en Santa Rosa de Cabal, se evidencia que las victimas estaban vinculadas a actividades irregulares.
Subraya como, gracias a la acción policial, se han entregado 128 bienes a la Fiscalía General de la Nación para que procedan a la extinción del dominio.
Explica que es necesario trabajar en el tema de percepción de la seguridad, pues si no se mira el fenómeno en su conjunto, siempre tendremos la sensación de han aumentado los homicidios. Hay que tener en cuenta que en 2006 y 2007 hubo una disminución importante en la tasa de homicidios y por eso si se compara 2008 con el anterior aparece un incremento que es del 19%.
Doctor Jorge Mario Trejos Arias, Director del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía CTI.
El alto funcionario aclara que los datos que llevaron a la declaratorio de alerta temprana que cobijó al 80% de los municipios de Risaralda, nunca fueron confrontadas con el CTI en el Ministerio, a pesar de que eran necesarias las opiniones de ese ente en relación con algunos de los hechos violentos.
Trejos Arias informa que cada quince días se está haciendo un cruce de información con la Policía Nacional, la Sijin, el Instituto de Medicina Legal y el CTI, para globalizar, unificar y conciliar los datos y las posibles diferencias que se presenten, para luego llevarlas al Consejo de Seguridad del Departamento en el de los municipios.
Precisa que desde hace más de diez años la Fiscalía y el CTI han hablado del tema del observatorio del delito, señalando su conveniencia, pero con la claridad de que su alcance debe ir más allá del manejo de cifras, pues los números ya los manejan los organismos del ramo en forma concertada. “Debe ser un órganos consultor que analice los indicadores y proponga recomendaciones a las autoridades”, enfatiza para luego agregar que podría funcionar “…con la entrega de la información georeferenciada, con todos los datos importantes para la caracterización del hecho punible por parte del CTI, Medicina Legal y la Policía al Observatorio del delito, para que este haga la investigación de campo. Podrían participar las universidades”.
Como ejemplo narra que: “Hace algunos meses hacíamos referencia a una conducta que se estaba presentando en el Barrio Cuba, donde mostrábamos un incremento en materia de hurtos y muertes violetas. Rápidamente hicimos un
experimento, sin tener todo el personal, y nos dimos cuenta del sector y la hora donde se estaban presentando esas conductas de hurto y violentas y podrían corresponder a un problema de seguridad, pero asociado con situaciones de poca iluminación, vías sin pavimentar, CAI retirado del sector, los vehículos que repartían los productos a las diferentes tiendas, entraban en horas un poco difíciles para ser controladas por la autoridad. Es aquí donde necesitamos que nos ayuda para hacer una verdadera perfilación del crimen y podamos recomendarle a las autoridades cosas como el mejoramiento de la iluminación, la pavimentación de las vías y a la policía que corra el CAI. Etc.”.
“Lo que hace la policía es sacar más pie de fuerza, pero hay que ir más allá. Necesitamos que todos articulemos la estrategia a través del observatorio el delito, que nos puede dar a nosotros recomendaciones que serían analizadas y resueltas en los consejos de seguridad municipal y departamental, porque ellos tendrían un espacio y nos podría analizar de manera trimestral o semestral el comportamiento de los 10 delitos que más se presenten en el departamento de Risaralda, el por qué los que más se presentan y generan mayor impacto y así podemos jugar con muchas hipótesis”, comenta Trejos, quien señala como un problema a vencer, el seguimiento a las decisiones y recomendaciones que se toman al interior de los Consejos de Seguridad.
Informa que los 10 delitos más investigados por el CTI en Risaralda en el tercer trimestre de 2008 fueron el homicidio, los estupefacientes en todas sus modalidades, el hurto calificado, la inasistencia alimentaría, las lesiones culposas, los actos abusivos y todo ese orden de delitos que comprometen la libertad individual y el pudor sexual.
Invita a que se mire la otra cada de la moneda, con el examen del número de investigaciones que se adelantan por el porte ilegal de armas, como una forma de prevenir el delito, pues nadie que vaya a cometer un homicidio carga armas amparadas por la ley.
Para Trejos las cifras son positivas: “En lo que va corrido del año, el CTI, lleva 4.200 investigaciones. Maneja un promedio para el C.T.I., de 700 casos al mes, sin contar lo que recibe la SIJIN. Durante el último trimestre, a raíz de la labor del cuerpo técnico de investigación y de los fiscales que están dirigiendo jurídicamente la investigación, se lograron un total de 246 sentencias efectiva”.
Coincide con el comandante de la Policía Risaralda, cuando afirma que la mayor parte de los homicidios son por ajustes de cuentas entre diversas organizaciones criminales y agrega que el auge de la actividad delincuencial debe asociarse también al crecimiento económico de Pereira, que la convierte en una buena plaza para los negocios, incluyendo los del bajo mundo.
Hace un llamado a abordar el tema de la criminalidad en un ámbito de carácter metropolitano y regional, con la acción conjunta y coordinada de las autoridades de los diferentes entes territoriales, para enfrentar una delincuencia que no tiene reglas, ni fronteras. “Las decisiones de política criminal se deben tomar en conjunto”, enfatiza Trejos.
En cuanto al tema de las ejecuciones extrajudiciales, el director del CTI presenta las siguientes cifras: “Las cifras oficiales que tenemos son 7 eventos, con un total de 22 personas que salieron del Depto de Risaralda y que fueron reportadas por el ejercito como muertas en combate. Esto está en investigación y que corresponde a Risaralda. Pueden ser más, pero hasta que no crucemos información y verifiquemos si el comportamiento de esos otros casos que nos dicen que hacen falta, corresponde a las características de las ejecuciones extrajudiciales, no podemos hablar sino de esta cifra. Hubo 4 casos en el barrio las Enseda del Municipio de Dosquebradas. Estos hechos ocurrieron el 18 de agosto del 2007; estos ciudadanos fueron reportados muertos en combate en zona rural en el municipio de Chinchiná. Tres ciudadanos del municipio de La Virginia, reportados muertos en combate por el ejército en Santa Rosa de Osos, Antioquia, el 11 de enero de 2008. Dos personas más del municipio de la Virginia, también reportadas dadas de baja el 11 de enero de 2008, en el municipio de Calarcá. Dos personas más del Barrio San Nicolás de Pereira, reportadas muertas en combate por el ejercito, en Monte Bello, Antioquia, el 23 de febrero del 2008. Cuatro personas del Barrio El Japón de Dosquebradas, reportadas muertas por el ejercito en zona rural de Manzanares, Caldas, el 27 de marzo del 2008 y cuatro personas más del barrio La Enseda, Dosquebradas, reportadas muertas en combate en la zona rural del municipio de Manzanares, el 16 de agosto de 2008. El perfil de las victimas, el menor es de 17 años y el mayor 35, residentes en los estratos 1 y 2, sin actividad comercial o profesión conocida. Dos de estos ciudadanos eran desmovilizados del frente de Guática, varios de ellos con antecedentes penales por diferentes delitos, y otros habían sido señalados por la comunidad como personas dedicadas al consumo y ventas de estupefacientes y hurtos”.
Para termina, el director del CTI hace una reflexión sobre la necesidad de abordar el tema de la criminalidad como un fenómeno social, que debe ser observado desde cinco escenarios: El del delito, el del criminal, el de la política criminal, el de la víctima y el del control social. “Si hacemos ese ejercicio con juicio y fijamos responsabilidades en cada uno de esos escenario, estaremos acercándonos a un proceso de seguimiento del fenómeno de la violencia y la criminalidad en Risaralda”, puntualizó Jorge Mario Trejos Arias.
6) El 11 de noviembre de 2008, la comisión accidental de seguridad y convivencia se debía reunión con los miembros del Comité Permanente para los Derechos Humanos, pero solo se hicieron presentes los miembros de Paez, con quienes se volvieron a revisar lo relacionado con su proyecto de Prevención Humanitaria.
También estuvo invitado el abogado Tomás Alfredo Londoño, asesor jurídico del Concejo de Pereira, quien en calidad de ciudadano, como abogado y docente universitario, propuso que el cabildo lidere la formulación de un nuevo código de convivencia, pues el existente es una copia del de Bogotá.
7) Las sesiones proyectadas para el 13 y el 18 de noviembre de 2008 y en las que se esperaba dialogar con el presidente del Consejo Seccional de la Judicatura y el Director Seccional de Fiscalías y el Comandante de la Policía y el Secretario de Gobierno, respectivamente, no se pudieron llevar a cabo, por que los invitados se excusaron de asistir a última hora y hubo problemas con el quórum.
8) La sesión de la Comisión Accidental de Seguridad y Convivencia del 20 de noviembre de 2008 se dedica a evaluar la información recogida; especialmente la relacionada con los planteamientos, conclusiones y recomendaciones de los expertos invitados.
El concejal Fernando Arias Cardona señala que se debe observar el incremento de los homicidios; pero dice que un aspecto grave es la impunidad, que no es un problema de la policía, sino de los jueces y de la Fiscalía y el CTI.
Aunque señala que no todos los homicidios tienen que ver con narcotráfico, reconoce que no hay presencia del conflicto armado en forma decisiva, ya que su incidencia es muy poca con relación a los porcentajes de otros actores ej. bandas según las cifras de Julio César Gómez, y si influye en los indicadores el crimen organizado, la violencia intrafamiliar, la intolerancia y el tráfico de estupefacientes.
Manifiesta que es urgente adelantar campañas pedagógicas, apostándole más a la prevención por esta vía, y fortalecer el análisis de la actividad criminal, como una de las líneas de acción que se deben implementar en materia de convivencia ciudadana.
Para el concejal Juan Pablo Gallo Maya, el tema de la criminalidad se debe abordar como un problema estructural, no coyuntural. “Históricamente Pereira ha tenido una situación de seguridad con picos que hablan de una fluctuación constante y eso es lo que muestran los indicadores si estos son los de los últimos diez años. Por eso las cifras tienen que verse en el marco de ese horizonte”, comenta, para luego concluir: “No sería responsable decir que Pereira no tiene problemas de seguridad; pero tampoco es cierto que hubo un deterioro en esa materia de una administración a otra”.
Gallo Maya considera que la presencia de los jóvenes en los hechos delincuenciales exige que la política de juventud se articule con la política criminal, que no se debe agotar en las acciones policiales y de judicialización, pues la fuerza pública debe ser seguida por los programas sociales de todas las dependencias de la administración municipal, para impactar los fenómenos que facilitan el crecimiento del hampa.
El doctor Alberto Polanco, asesor del concejal Álvaro Escobar Vallejo, manifiesta que el problema de la seguridad es metropolitano y debe ser abordado en esa dimensión, con el concurso de todas las entidades territoriales del Área.
El concejal Milton Chávez Molina concluye que no puede hablarse de deterioro de la seguridad, cuando se comprueba con las cifras que este fenómeno es fluctuante y está asociado con variables no controladas por los entes territoriales y en mayor medida con la actividad del crimen organizado. Resalta el hecho de que hay diferencias entre las cifras que manejan unas y otras instituciones.
Reconoce que la asociación entre narcotraficantes y paramilitares es algo que impacta y marca tendencias de las cuales Pereira no es ajena. Cree que la misión de la comisión accidental debe continuar.
El concejal Alonso Molina Corrales, reconoce que la tarea de la comisión accidental no se ha concluido y que por el contrario debe seguir. Resalta como conclusión, la .urgencia de consolidar un observatorio del delito.
CONCLUSIONES GENERALES Y PROPUESTAS
El trabajo de la comisión por una política pública, sostenible e integral debe continuar, pues quedan debates por realizar en compañía de diversos actores institucionales y sociales y las cifras, analizadas desde diversos contextos, no han sido examinadas aún. Se propone que esa responsabilidad quede en manos de la misma comisión accidental o de la comisión tercera, reforzada por los miembros de la que expide éste informe y con la participación de los integrantes de las demás comisiones permanentes, de manera tal que periódicamente se pueda estar haciendo un monitoreo del tema de seguridad y la convivencia y se pueda contribuir en el proceso de construcción de una política pública criminal y de cohesión social en el municipio de Pereira.
Se acepta que en la ciudad, de manera estructural e histórica y por las condiciones propias de la urbe, las cifras que marcan la inseguridad y la actividad criminal han sido altas. Muchas son las razones: por la situación propia del país, por el problema de la delincuencia organizada, por la ubicación misma de la ciudad y su auge económico (por lo menos esa es la percepción de la gente que ven en Pereira, una especie de ciudad donde hay de todo y para todos). Sin embargo, a lo largo de los años, se evidencia picos que muestran la fluctuación del comportamiento y el esfuerzo de las administraciones.
Es necesario rodear a las instituciones del Estado y a las ramas del Poder Público, pues la lucha contra la criminalidad no se le puede atribuir a una instancia en particular y la solución a la problemática, por el contrario, debe unirlas a todas para la generación de sinergias que impacten las raíces del fenómeno.
La cifras delincuenciales no siempre están ligadas a las cifras de la marginalidad social, pues la pobreza no es sinónimo de violencia y no es sano generalizar, ante todo porque se trataría de una estigmatización a los pobres inaceptable.
Se recomienda el fortalecimiento de un observatorio de los derechos humanos, la convivencia y la seguridad, con el concurso de la academia y la sociedad civil, para abordar los indicadores de seguridad desde diferentes ópticas y con el propósito de ayudar a las autoridades a la formulación y ejecución de una política contra la delincuencia.
Pedir de los organismos de seguridad el desarrollo de una estrategia de inteligencia policial, que permita anticiparse a las acciones de las organizaciones criminales y mitigue la vulneración de los derechos fundamentales y en especial, impida atentar contra los de ciudadanos inocentes e inermes.
Intervenir con programas sociales y económicos integrales, las zonas identificadas en la georeferenciaciòn como de mayor presencia criminal. Una política que permita articular la capacidad productiva de los ciudadanos y el mejoramiento del entorno para que hallan barrios y veredas limpios, iluminados, ordenados y de fácil acceso, no solo ahuyenta a la delincuencia, sino que permite la atención de las necesidades básicas insatisfechas y el alcance de las expectativas de vida de los pereiranos.
Conocer y revisar las experiencias de ciudades como Bogotá y Medellín, donde se reportan reducciones en los índices de inseguridad.
Articular en forma especial la política criminal con la política pública de juventudes, debido a que los jóvenes son una población presente en la mayoría de los hechos delincuenciales.
Solicitar a la Policía Nacional y a los demás organismos de seguridad, una acción intensa y permanente contra la tenencia y porte ilegal de armas de fuego, en forma paralela a actividades que adelante el Concejo a favor del desarme definitivo de los civiles. Las armas deben ser de uso exclusivo de la fuerza pública y un monopolio del Estado.
Se debe incluir dentro de los temas a impactar por parte de la Cultura Ciudadana, el de la seguridad y la convivencia, con el propósito de comprometer al ciudadano con prácticas de autorregulación, de estilo de vida saludable y ético y compromiso individual y colectivo a favor del estudio y el trabajo honrado, para hacer de Pereira una ciudad más amable y segura. En este punto es clave reconocer el papel que juega la familia como epicentro del Desarrollo Humano Sostenible.
Se debe expedir una normatividad que regule aspectos de la seguridad y la convivencia, dentro del marco de la Ley 136 de 1994. Un nuevo manual de convivencia, es la meta.
Reconocer el tema del narcotráfico y el de la presencia de grupos armados ilegales de toda índole, como una realidad que condiciona la situación de seguridad y convivencia de la capital de Risaralda.
El Concejo de Pereira debe pedir a lar autoridades competentes que se aclare todo lo relacionado con la desaparición de personas, el homicidio de indigentes y travestis y la vinculación de jóvenes asesinados con organizaciones insurgentes, a través de los denominados falsos positivos.
El Concejo de Pereira debe abordar el tema del desplazamiento, teniendo en cuenta que Pereira es expulsora y receptora de desplazados, con el objeto de determinar sus causas y la problemática social que representa.
Atentamente,
Los Concejales,
MILTON RENE CHÁVEZ MOLINA JUAN PABLO GALLO MAYA
FERNANDO ARIAS CARDONA ALVARO ESCOBAR VALLEJO
ALONSO MOLINA CORRALES
ANEXOS
Copia proposición de creación comisión accidental.
Notificación de secretaría general a los concejales incluidos en comisión accidental.
Copias de mensajes a invitados especiales.
Actas de las seis sesiones efectuadas por la comisión accidental.
Plan Integral de seguridad ciudadana para el Municipio de Pereira.
Propuesta de Prevención Humanitaria de Corporación Paez.
Transcripciones de las intervenciones del Comandante de la Policía Risaralda y el director del CTI, durante la sesión plenaria del 11 de noviembre de 2008.
Cifras e indicadores recogidos con las entidades que los recopilan y generan.
Total: 130 folios
